El viceministro de Energía y Minas, Alfredo Pokus, sostiene que los estudios hechos por esa cartera no llegaron a determinar que haya contaminación directa de las fuentes de agua en la mina Marlin.
Esa información formará parte de la respuesta del Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha demandado la cancelación de la licencia de la mina.
“Presentaremos, junto a Copredeh, inclusive, nuestra posición a la Vicepresidencia que la trasladará al Presidente y a la Procuraduría General de la Nación, pues es al Estado a quien se solicitó la cancelación de la licencia. Tenemos que compaginar el estudio”, dijo.
Pokus agregó que los resultados demuestran que no hay ningún trabajador que tenga problemas de salud. Aunque aclaró que el Ministro de Salud monitorea las pruebas hechas a los pobladores.
“El Artículo 51 de la Ley de Minería establece varios requisitos para declarar la suspensión. No se ha encontrado algún motivo, ni sanción”, concluyó Pokus.
Eduardo Villacorta, representante de Montana, aseguró que “voy a responder institucionalmente. Consideramos que es un asunto que le compete al Estado ya que la suscripción a la Comisión es por parte del Estado, dada la importancia de una resolución de la CIDH. Nos sentimos tranquilos, con una posición firme. Desde el inicio de operaciones hemos realizado una enorme cantidad de monitoreo del agua. Desde hace ocho años contamos con una base de datos. Los resultados confirman que la calidad se ha mantenido”, opinó. Todos los informes dicen que se cumple con las normas establecidas, agregó.
