Desde que en 1965 todas las mujeres guatemaltecas obtuvieron el derecho al voto, —a partir de 1945 podían elegir solo las alfabetas—, el Congreso ha aprobado leyes para que logren la igualdad de oportunidades, pero estas todavía no se convierten en realidad.
Además de los altos niveles de violencia contra ellas y la impunidad de los agresores, la desigualdad se refleja en otros ámbitos, señalan expertos.
En el Congreso, por ejemplo, de 158 representantes, hay 19 diputadas; de 333 alcaldías, 227 las dirigen hombres, y del millón de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), solo 30 por ciento son mujeres.
En el 2009, el Ministerio Público (MP) reportó 31 mil denuncias por violencia contra mujeres, y 17 mil el Organismo Judicial. Sin embargo, apenas 57 casos llegaron a condena.
Lo anterior ocurre a pesar de legislación aprobada en 1996 y 2008 para penalizar la violencia de género.
Las leyes ofrecen herramientas a las féminas para luchar por su integridad, pero, en muchas ocasiones, sus acciones caen en el vacío, debido a la inoperatividad del sistema de justicia.
“Vamos apropiándonos de derechos y reclamándolos conforme avanzamos en la creación de leyes. La gran decepción es que el sistema no responde”, afirmó Carmen López de Cáceres, presidenta de la Convergencia Cívico Política de Mujeres.
Además, el Congreso ha emitido otras normativas, como la Ley de Educación de la Mujer Adulta y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en el 2009.
Planificación familiar
En el 2009 se aprobó la Ley de Planificación Familiar, que prevé el suministro de métodos anticonceptivos y educación sexual a estudiantes.
“La idea es no seguir contando muertes de embarazadas o parturientas”, explicó Miriam Betancourt, de la Asociación de Mujeres Médicas, que da seguimiento a este aspecto.
Con la creación de la Comisión Nacional de Abastecimiento de Anticonceptivos, la educación se vuelve “la parte más débil del reglamento”, consideró Betancourt, al advertir que tanto padres como maestros deben tomar conciencia de que no se promueve “la promiscuidad o el inicio temprano de la sexualidad, sino educación de la sexualidad responsable”.
Ley de divorcio
Otra iniciativa, todavía pendiente de aprobación, contiene la ley de divorcio, la cual contempla que ambos cónyuges puedan aducir la voluntad de separarse como único requisito para hacerlo.
“La realidad es que los matrimonios duran una media de seis años, y debemos legislar conforme a la realidad, y no a ideales”, explicó la diputada Anabella De León, una de las ponentes.
Además, prevé que los hijos obtengan el apellido de su padre natural —biológico—, aunque la mujer estuviera casada con otro.
“Esta tiene varias lagunas, queremos, por ejemplo, incluir un artículo que proteja a la mujer en abandono”, manifestó la congresista Mirza Arreaga, presidenta de la Comisión de la Mujer.
Entre las iniciativas presentadas este año en el Congreso, una de las más importantes persigue reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para lograr cuotas femeninas en los listados de candidatos y en los puestos públicos.
