La licitación de megaproyectos, a través de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (APD), se prevé que inicie durante el primer trimestre del 2011.
Entre los primeros proyetos, que se podrían priorizar, estaría la ampliación de Puerto Quetzal y la construcción de distribuidores de tránsito en lugares como Chimaltenango.
Para agosto próximo se prevé esté creada la Agencia Nacional de APD, encargada de efectuar los estudios técnicos, propuesta de licitación y contrato, que a su vez debe ser aprobada por un consejo, integrado en su mayoría por funcionarios de Gobierno.
Para ese mismo mes también deberá estar el reglamento de la ley y conformado el consejo.
“La primera licitación podría ser durante el primer trimestre del 2011”, indicó Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Legislativo, durante una presentación ante asociados de la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala (Camacoes).
La normativa (decreto 16-2010) fue aprobada por el Congreso el 13 de abril último y prevé que empresas privadas edifiquen proyectos de infraestructura, mientras que el Estado debe garantizar un marco regulatorio y fiscalizar la ejecución del proyecto y también otorgar, en algunos casos, remuneraciones.
Las APD no se aplican para infraestructura de salud, agua y educación.
Preocupación y riesgos
Empresarios de la Camacoes expresaron preocupación por una cláusula de la ley, que establece que el Congreso deberá aprobar cada contrato —aunque sin cambiar el texto—, lo que consideran puede retrasar los proyectos y abrir la puerta a lucha de política.
Miguel Gutiérrez, analista de Central American Business Intelligence indicó que las APD “no son la solución para la construcción de infraestructura en el país”, ya que en otras naciones llegan únicamente a ser el 15 por ciento total de las obras.
También cuestionó que la Cámara de la Construcción sea parte del consejo que aprueba obras. “Serán juez y parte”, indicó.
