Las novedades de la iniciativa de ley de empresas de seguridad privada, como la creación de un régimen distinto del comercial y que las acciones sean nominativas, generan controversia porque grupos civiles la apoyan, pero la gremial del sector cree que viola la libertad de empresa y de asociación.
Este texto base, que contiene 84 artículos y es discutido en la mesa de diálogo de seguridad y justicia del Congreso, prevé crear un régimen legal para los servicios privados que controlen a personas jurídicas e individuales, a fin de que no se regulen por medio del Código de Comercio.
Las acciones del capital que conforma cada compañia deben ser nominativas, y no al portador, para saber quiénes son los dueños, explicó Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Este régimen permitirá conocer la idoneidad, capacidad, conocimiento y perfil de quienes controlan las firmas de seguridad privada.
Sin embargo, propietarios de esas compañías discrepan, porque consideran que le darán un trato diferente y discriminador al resto de negocios.
“No creo que vayan a quedar solo nominativas, porque la acción de negocio es libre en cualquier país del mundo”, afirmó Carlos Maldonado, de la Cámara de Seguridad de Guatemala.
Mario Mérida, experto en el tema, señaló: “Habría que rescatar que se conozca quiénes son los dueños”.
Otro punto que introduce el proyecto es la creación de una dirección general dependiente del Ministerio de Gobernación que regule la prestación de este tipo de servicios.
En la actualidad, dicha función está en manos de cuatro agentes de la Policía, que tienen a su cargo la supervisión de 148 firmas establecidas y otras 70 en trámite.
Sergio Barbales, representante de la Gremial de Empresas de Seguridad, aseguró que está de acuerdo con la creación del ente, siempre que “no se convierta en entorpecedor de las empresas de seguridad, que es lo que normalmente sucede”.
Para eso sugirió destinar presupuesto y personal y asegurar que no sea “otro foco de corrupción”.
Aquel será el encargado de velar porque los servicios cumplan con los mínimos de calidad y capacitación. En la actualidad se calcula que hay más de cien mil policías privados, de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Licencias renovables
Según la iniciativa de ley, las licencias podrían otorgarse por tipo de servicio, y no una por empresa (por custodia, instalación de alarmas, servicios de guardaespaldas, etcétera); ser renovables, y no permanentes como ahora, para poder revisar las condiciones en que se presta el servicio.
Los dos representantes empresariales consideran que este requisito será un problema, porque en el país “no existen empresas especializadas, sino que prestan un abanico de servicios”, afirmó Maldonado. Barbales expuso que con la temporalidad de las licencias aumentará la burocracia y se complicará el funcionamiento.
La normativa que rige las empresas de seguridad privada data de 1970, de ahí que muchos sectores piden una nueva.
“Es importante que la ley sea promulgada antes de que termine este año, porque va a transparentar ese tipo de servicios y se va a evitar su criminalización”, opinó Mérida.
Según Barbales, se puede aprobar otra ley, pese a las diferencias. “Por primera vez se ha tomado en cuenta nuestra experiencia de 40 años, de lo bueno y malo que ha tenido la ley vigente”, afirmó.
